- Ley 30230 permitirá quitar terrenos de sus dueños actuales y cederlos en propiedad a proyectos de inversión en todo el territorio nacional

- Ley beneficiaría a empresas mineras, de hidrocarburos y agroindustriales, entre otras.

- Es una grave amenaza para más de 10.000 comunidades campesinas y nativas en todo el país y podría generar conflictos sociales como el de Bagua.

El Título III de la Ley 30230 , que fuera promulgada por el presidente Ollanta Humala en julio pasado, como parte del “paquetazo de reactivación económica” permitiría a cualquier gran inversor, público o privado, obtener tierras con el aval y ayuda del Estado, pasando por alto los derechos de propiedad vigentes. La norma es objeto de fuertes críticas porque atenta contra la propiedad privada en todo el Perú y, en particular, por representar una amenaza para la seguridad jurídica de los territorios de las comunidades rurales.

Según observan analistas sociales, se puede anticipar que la aplicación de este “paquetazo contra los derechos a la tierra” provocará una enorme ola de conflictos sociales, y que en lugar de crear el ambiente de paz y seguridad de la propiedad privada que todo inversionista ansía, generará condiciones que espantarán a la inversión extranjera.

“Con seguridad, esta suerte de contrarreforma agraria no es lo que el presidente Humala prometió a los millones de indígenas y pobladores rurales que le dieron el voto, por lo que es de esperar que la salida del ministro Castilla permita al gobierno advertir el peligro que representa el adoptar medidas rápidas y facilistas para problemas que requieren de soluciones profundas y duraderas”, afirma Richard Chase Smith, director del Instituto del Bien Común.

Uno de los grandes temas pendientes de solución, y que la Ley 30230 no hace sino agravar, es la falta de seguridad territorial que enfrentan los pueblos indígenas, señala Smith. “Es ampliamente reconocido que detrás del enfrentamiento entre la policía nacional y los indígenas en la protesta de Bagua (2009) y detrás de los recientes asesinatos del dirigente Edwin Chota y sus tres compañeros está la gran inseguridad territorial. Hoy por hoy, los territorios indígenas, aun los que cuentan con título de propiedad, están más inseguros que nunca”, puntualiza.

Cualquier terreno en el país está sujeto a la voluntad del inversor

La Ley 30230 crea “procedimientos especiales” para la demarcación y traspaso de “predios” en favor de los proyectos de inversión que lo soliciten. Asimismo, establece procedimientos registrales que aseguren la prioridad de estos predios para proyectos de inversión. Los analistas advierten la preocupante ambigüedad de la ley: no define el término “predio” ni establece en qué consisten dichos “procedimientos especiales” -si se trata de confiscación o expropiación-, o si los inversionistas recibirán dichos predios en propiedad, y tampoco establece limitaciones o excepciones sobre los predios sujetos a la ley.