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La titulación de tierras es aún la gran deuda del Perú con las comunidades indígenas

Publicado: 2015-03-31


La falta de formalización de la propiedad de los territorios de los pueblos indígenas sigue siendo uno de los mayores problemas que enfrentan estos pueblos, señala el informe alternativo “Pueblos Indígenas del Perú: Balance 2014 sobre el Cumplimiento del Convenio 169 de la OIT”, el cual pone de manifiesto el pobre cumplimiento de dicho convenio desde que Perú lo ratificara en 1994.

Los resultados del informe fueron presentados a las autoridades nacionales el miércoles 25 de marzo por el Pacto de Unidad de Organizaciones Indígenas del Perú y la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP) con el apoyo del Grupo de Trabajo sobre Pueblos Indígenas de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos.

La situación de la consulta previa, la criminalización de la protesta y el derecho al territorio fueron temas que deberían suscitar la preocupación de los peruanos, según manifiesta el informe, y fueron motivo de debate entre los participantes, entre los que se contaron funcionarios del MINAM, SERNANP, MINAGRI, MINEM, OEFA, Defensoría del Pueblo y el Poder Judicial- representantes del Pacto de Unidad y organizaciones de la sociedad civil.


Respecto de la titulación de comunidades, el informe destaca que la formalización y titulación de territorios es una gran deuda pendiente del Estado para con los pueblos originarios del Perú, pues aún están pendientes de titulación 666 comunidades nativas y 3.303 comunidades campesinas, según datos del Instituto del Bien Común (IBC). Se observa que el proceso de titulación ha sufrido una notoria desaceleración en los últimos 20 años. Así, desde 2007 solo se han titulado aproximadamente 50 comunidades, frente a los 116 títulos otorgados en 1991. Esto se atribuye principalmente a la carencia de una política pública adecuada para el reconocimiento y titulación de las comunidades. Por otra parte, los procesos de titulación se dificultan al suponer altos costos a las comunidades, pues no son financiados por el Estado.

Superar esta situación requerirá, según señala la Defensoría del Pueblo en el Informe, de una normativa integrada y actualizada en materia de reconocimiento y titulación, una rectoría que garantice el reconocimiento y titulación de comunidades y la disponibilidad de información centralizada sobre el número de comunidades campesinas y nativas, entre otros. Al respecto, señaló Gladys Vila, presidenta de ONAMIAP, que completar la base de datos de pueblos indígenas del país es un tema pendiente del Estado.

Es preciso que la titulación de las comunidades campesinas y nativas reciba un tratamiento de política pública por parte de las autoridades competentes (Ministerio de Agricultura y Riego- MINAGRI y gobiernos regionales), según señala Luis Hallazi, responsable de incidencia legal del IBC. Un reto importante es que el MINAGRI haga valer su condición de ente rector en esta materia, dictando lineamientos para estandarizar criterios de titulación. Actualmente, MINAGRI está impulsando un nuevo programa de titulación de tierras rurales con el financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo. No obstante, la meta de titulación fijada es demasiado baja para dar solución al elevado número de titulaciones pendientes en todo el territorio nacional.

En cuanto al cumplimiento del Convenio 169 de la OIT, el Informe señala que el Estado peruano no ha garantizado el reconocimiento de los derechos a la propiedad y posesión sobre las tierras que los pueblos indígenas ocupan tradicionalmente. No obstante, las acciones del Estado peruano parecen ir en una dirección totalmente opuesta, con la aprobación de normas, como la Ley 30230, el Decreto Supremo 001-2015-EM y el proyecto de Ley 3941-2014-PE, que ponen en riesgo la integridad de los territorios indígenas y vulneran sus derechos territoriales al flexibilizar y simplificar procedimientos para entregar tierras a favor de proyectos de inversión.

En la actualidad, el 21%del territorio nacional está cubierto por concesiones mineras y hay concesiones extractivas sobre el 75% de la Amazonía peruana. Esta presión de las actividades extractivas sumada al desorden territorial existente agudiza los conflictos territoriales y ambientales. Así, en la actualidad existen 211 conflictos sociales en el Perú, según la Defensoría del Pueblo. Al respecto, Luis Hallazi, especialista del IBC señaló que “La promoción de megaproyectos se hace de manera, desordenada y sin criterios ambientales y de territorialidad, política errada que genera múltiples superposiciones de derechos donde los más afectados son los territorios indígenas”.


Escrito por

Instituto del Bien Común

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