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Foto: PEDRO TIPULA

Una reforma agraria al revés

Denuncian que Ley 30230 atenta contra la seguridad territorial de las comunidades campesinas y nativas y el ordenamiento territorial

Publicado: 2014-10-16


Cuatro redes de instituciones –el Colectivo Territorios Seguros para las Comunidades del Perú, la Plataforma de Ordenamiento Territorial, la Red Muqui y la Plataforma Gobernanza Responsable de la Tierra- denunciaron que la Ley 30230, aprobada dentro del ‘Paquete Castilla’ atenta contra el ejercicio de la propiedad privada de las comunidades y el Ordenamiento Territorial en el país, dejando en situación de vulnerabilidad a más de 8 mil comunidades campesinas e indígenas y originando un caldo de cultivo para numerosos conflictos sociales.

En julio de este año, la Comisión Permanente del Congreso de la República aprobó la Ley N° 30230, una iniciativa del Ministerio de Economía y Finanzas que busca promover y dinamizar la inversión en el país. Si bien la inversión es muy importante para nuestra economía, la Ley N° 30230 da muestras de una preocupante miopía que podría tener serias consecuencias para la paz social y el propio clima de inversiones que pretende fortalecer.

Por ejemplo, el Título III de la Ley permite al Estado, mediante “procedimientos especiales”, entregar tierras a proyectos de inversión, en la ubicación y cantidad que estos requieran para sus actividades, ignorando los derechos de propiedad que asisten a sus propietarios legítimos. Están sujetos a estos procedimientos especiales todos los predios, trátese de tierras privadas o estatales, ya sea que estén respaldadas por títulos saneados o certificados de posesión. Tampoco se aplica excepciones de ningún tipo.

Richard Smith, director ejecutivo del IBC, organización que lidera el Colectivo Territorios Seguros para las comunidades del Perú, explicó que el Título III de la ley quedó ausente del debate en julio. “Haciendo el análisis, nos dimos cuenta de que este título III es una bomba de tiempo, pues afecta a todo tipo de predios, pueden ser propiedad privada o del Estado. Si son propiedad privada, ya con título y registrados, entonces le corresponde a Cofopri delimitar el área que requiere el proyecto de inversión, en el lugar y tamaño que solicite, y traspasar la propiedad al proyecto de inversión mediante ‘procedimientos especiales’. Nosotros nos preguntamos cuáles son estos procedimientos especiales, porque la ley no lo define, podría tratarse de un proceso de expropiación, confiscación, etc.”, indicó.

Una reforma agraria al revés

Richard Smith agregó que existe otro punto, el artículo 57 de la ley, que faculta a la Superintendencia de Bienes Nacionales poderes extraordinarios para extinguir las “cesiones en uso” de las tierras y recursos estatales. Ésta podría ser una amenaza directa a las Comunidades Nativas, que podrían perder el acceso a bosques de propiedad estatal que son fundamentales para su supervivencia. Aclaró que el Estado, al no estar facultado para emitir títulos de propiedad sobre las tierras clasificadas como “forestales”, las entrega a las comunidades indígenas como una “cesión en uso”.

“Hay que derogar el título III y hay que excluir a las comunidades y pequeños propietarios y agricultores del alcance de este punto de la ley, en cuya reglamentación no se ha considerado ni el Ministerio de Agricultura y Riego – Minagri, ente rector de titulación de las tierras rurales; ni el Ministerio de Cultura, ente rector para las poblaciones indígenas en el Perú. ¿Ha habido una consulta previa sobre la ley y su reglamento? No”, expresó Smith. Asimismo, recordó que la Defensoría del Pueblo envió una carta a la premier Ana Jara en que se indicaba que esta ley no es aplicable a los territorios comunales porque va en contra de la Constitución.

Por su parte, Álvaro Campana, Coordinador de la Plataforma de Ordenamiento Territorial, sostuvo que la Ley 30230 toca brevemente el tema del ordenamiento territorial en su artículo 22; sin embargo, “prácticamente echa abajo todo lo que se ha avanzado en materia de ordenamiento y las acciones para evitar la superposición de usos, la falta de planeamiento, la depredación de recursos, los conflictos sociales y la afectación de los derechos de la población”, indicó.

Recordó que el propio presidente de la República, Ollanta Humala, al inicio de su gestión, afirmó que hay que definir qué áreas son para conservación y qué otras corresponden a la explotación de recursos renovables y no renovables; con participación de la población para evitar males como la tala ilegal de madera. “Ahora, se quiere dejar el territorio al libre albedrío de las inversiones. El presidente prometió una ley de ordenamiento territorial, sin embargo ésta aún no se discute en el Congreso”, expresó.

De la misma forma, se afecta y relativiza las competencias del Ministerio del Ambiente en materia de ordenamiento territorial, así como las de los gobiernos regionales, sostuvo. Además, explicó que durante un año se trabajó en el planteamiento de una política de Estado para el ordenamiento territorial, esfuerzo que con esta ley “se ha venido abajo, pues la misma población que habita los territorios es excluida de decidir lo que se va a hacer con él”.

“Ante la falta de un marco institucional y social claro para el uso del territorio lo que se pone en riesgo son las propias inversiones porque no hay condiciones sociales que hagan posible que estas inversiones puedan desarrollarse con transparencia y marcos claros”, dijo.

Por su parte, Antolín Huáscar, vocero del Pacto de Unidad, explicó que estas normas se han venido arrastrando desde hace décadas en el país. “En el año 1992, con el gobierno de Alberto Fujimori, nació el decreto legislativo 653, que abrió el camino para la inversión privada sobre las tierras de comunidades campesinas nativas. Luego vino el paquete de decretos legislativos de Alan García, con lo que se provocó la matanza en Bagua. Ahora, el Congreso aprueba una norma que no tiene el aval de todos los congresistas.

Finalmente, Rocío Silva Santisteban, de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, indicó que la Comisión de la Verdad y Reconciliación hizo en su último informe una recomendación sobre ordenamiento territorial. “Para que el país sea más justo debe haber un planteamiento de ordenamiento territorial que establezca en qué espacios hay reservas ecológicas, minería o hidrocarburos”, explicó.

Desde el 2013

“¿Dónde se origina el título III de esta ley? La base para el Título III de la Ley 30230 es el documento denominado Plan de Acción para Mejorar los Procesos de Saneamiento Físico Legal de Predios para la Inversión, del ‘Consejo Nacional de la Competitividad’, que es un pequeño grupo dentro del Ministerio de Economía y Finanzas. Este plan vio la luz en julio de 2013, cuando aún no se hablaba de crisis ni de reactivar la economía. Entre los muchos documentos que ha comisionado este Consejo se encuentra también documentación de consultorías sobre cómo facilitar las expropiaciones, y las bases de los ‘paquetazos’ que se vienen a futuro”, finalizó Richard Smith.


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Instituto del Bien Común

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