El dirigente cacataibo Washington Bolívar, de la comunidad Mariscal Cáceres en Ucayali, expuso ante el Defensor del Pueblo la preocupante inacción e indiferencia de las autoridades estatales frente a los madereros ilegales, que han constituido una mafia que atenta contra la vida de quienes se ponen en su camino, llegando incluso a comprar la voluntad de las autoridades locales. Por tanto, pidió protección tanto para su pueblo como para su persona, tras manifestar que ha recibido amenazas de muerte por parte de los madereros. 

De otro lado, el dirigente indígena sugirió, como una medida urgente para evitar la invasión en sus tierras, que el Estado dé curso inmediatamente a los procesos de titulación de las comunidades Cacataibo, que este pueblo viene gestionando desde hace 25 años ante las autoridades competentes. El no reconocimiento de sus derechos territoriales lesiona el derecho a la propiedad sobre la tierra que los cacataibos ocupan ancestralmente.

Durante la reunión con el Defensor del Pueblo, el director ejecutivo del Instituto Bien Común Richard Smith, amplió sobre el tema de la inseguridad jurídica de los territorios indígenas. Afirmó que esta situación, que en 2009 originó el ‘Baguazo’, en la actualidad ha sido la causa de fondo del asesinato de los líderes asháninkas muertos el pasado 1 de septiembre. Explicó que en el Perú existen 18 millones de hectáreas de comunidades nativas sin titular, según datos del colectivo Territorio Seguros para las Comunidades del Perú, y que sin embargo hay una parálisis en el proceso de reconocimiento y titulación de las comunidades. Al mismo tiempo, las normas que debían brindar seguridad jurídica a los territorios de las comunidades nativas y campesinas, han debilitado el régimen de propiedad comunal.

El líder cacataibo Washington Bolívar lleva denunciando desde hace más de una década la tala ilegal de caoba en sus territorios, así como la corrupción de autoridades fiscales, policiales y forestales en la región Ucayali. Explicó que el caso de la comunidad cacataibo de Mariscal Cáceres no el único. Desde el año 1991, la comunidad de Puerto Azul, en Ucayali, viene solicitando ante la Dirección Regional de Agricultura (DRA) la ampliación de sus territorios y todavía sigue esperando respuesta.

Ignorando las demandas territoriales de los Cacataibo, el INRENA aprobó en 2003 cuatro concesiones forestales sobre el área solicitada en ampliación, lo cual es fuente permanente de conflictos entre la población indígena cacataibo y los concesionarios forestales. Las comunidades son objeto de fuertes presiones por parte de los concesionarios para hacer que acepten el desarrollo de tala ilegal dentro de su territorio. Una de las empresas concesionarias llegó a presentar denuncias penales contra el presidente de la comunidad, con el fin de amedrentarlo.